El artículo se enfoca en la incidencia de los femicidios ocurridos en el Departamento Judicial de Azul, Argentina, entre 2015 y 2024, y analiza cómo los datos judiciales respaldan la creación e implementación de políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género. Con una metodología transversal cualitativa y cuantitativa, el estudio aborda las violencias extremas hacia mujeres cis y trans, categorizadas como femicidios, en un esfuerzo por definir estrategias de prevención y reparación. La sistematización de los datos a través de registros como el RNFJA (Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina) y el REVIFAG (Registro Penal de Violencia Familiar y de Género) evidencia patrones y tendencias que han permitido a los poderes del Estado diseñar normativas y programas específicos. Estos avances, aunque significativos, enfrentan limitaciones vinculadas a vacíos estadísticos, sesgos institucionales y desafíos en la interseccionalidad del análisis. El ámbito jurídico, en respuesta a las demandas ciudadanas, ha adoptado marcos enunciativos y regulatorios que buscan garantizar justicia y atender las desigualdades estructurales. El artículo concluye destacando la importancia de una coordinación efectiva entre los datos judiciales y las políticas públicas como herramienta para garantizar respuestas integrales frente a la violencia de género.

The article focuses on the incidence of femicides in the Judicial Department of Azul, Argentina, between 2015 and 2024, and analyzes how judicial data support the creation and implementation of public policies aimed at combating gender-based violence. With a qualitative and quantitative cross-sectional methodology, the study addresses extreme violence towards cis and trans women, categorized as femicides, in an effort to define prevention and reparation strategies. The systematization of data through registries such as the RNFJA (Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina) and the REVIFAG (Registro Penal de Violencia Familiar y de Género) shows patterns and trends that have allowed the powers of the State to design specific regulations and programs. These advances, although significant, face limitations linked to statistical gaps, institutional biases and challenges in the intersectionality of the analysis. The legal sphere, in response to citizen demands, has adopted enunciative and regulatory frameworks that seek to guarantee justice and address structural inequalities. The article concludes by highlighting the importance of effective coordination between judicial data and public policies as a tool to ensure comprehensive responses to gender-based violence.