Documento de conferencia

Conversatorio sobre Acceso a la Información Pública

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Resumen

Ante la reciente sanción de la ley nacional de acceso a la información pública 27275, que entrará en vigencia en 2017, expertos en derecho constitucional resaltaron que este cuerpo normativo es un modelo de referencia para aplicar tanto en territorio bonaerense como en distintos municipios. Esa fue una de las principales conclusiones a las que arribaron los profesores de Derecho Constitucional, Dra. María de las Nieves Cenicacelaya y el Dr. Gonzalo Fuentes, resaltándose que a nivel provincia, si bien existe una normativa “esta debe adaptarse a los estandares internacionales y a los precedentes de la Corte Suprema, dado que se insiste en el requisito del legítimo interés , y hasta demanda el cobro de una tasa para que el estado proporcione información pública” La constitucionalista destacó que con la norma nacional “se refuerza el principio de que la información que produzca el estado se presume pública y de acceso de parte de cualquier ciudadano, sin necesidad de ningún otro requisito como puede ser el de la legitimacion o el de expresar motivo por la cual se requiera esa información”. Por otra parte, ambos señalaron que “si el espíritu de la ley nacional se trasladara el territorio bonaerense para una mayor transparencia, habría que reformar la legislación actual que data del año 2000 y que luego intentó ser enriquecida a través de algún decreto posterior”, sostuvo Fuentes. Cenicacelaya remarcó que para la Provincia “hay doctrina jurisprudencial en la justicia y en fallos supranacionales con precedentes vigentes que cualquier ciudadano bonaerense puede invocar para reclamar información pública, pero una ley garantizaría ese acceso” Entre otros casos, recordaron el caso “Albaytero” por el cual un ciudadano de Quilmes demandó al municipio información sobre inversiones en infraestructura o el caso “Savoia” de un periodista de Clarín que obtuvo información sobre la sociedad “Hotesur”. Asimismo, los docentes coincidieron en que para el nivel municipal no sería conveniente una ley marco, como podría ser a través de incorporaciones parcial a la ley orgánica de municipios, sino que deberían realizarse ordenanzas de acceso a la información pública según las circunstancias y necesidades de cada una de las comunas. En otro orden se anticipó que la instrumentación de la nueva ley establecerá para el estado la obligación de la “transparencia activa” y esto implica que los distintos organismos habiliten sus sitios web institucionales y dispositivos para comunicar “la mayor información posible sobre personal, recursos, inversiones y todo otro dato que pueda presumirse de interés para la ciudadanía” Cenicacelaya y Fuentes expusieron para un video institucional realizado en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires y producido por la Dirección de Comunicación de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y que quedará sistematizado y registrado por el Centro de Estudios en Gestión de la Información (CESGI), dependiente de la CIC. De la entrevista para el video institucional participaron comunicadores e investigadores, destacándose la presencia de la titular del CESGI, Dra en Informática, Marisa De Giusti; el titular de la Federación Provincial de Cooperativa de Agua Potable (FEDECAP), Mario Descarga; el titular de la Cooperativa de Agua Potable de Gorina (COSEGO), Antonio Máspoli y el delegado sindical de UPCN en el Ministerio de Gestión Cultural, Rodolfo López.

Palabras clave
Derecho Constitucional
Ley Nacional de Acceso a la Información Pública 27275
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